El balance realizado por el Grupo Municipal Socialista sobre los cuatro años de gestión sigue levantando malestar entre los grupos de la oposición. Si en un primer momento fue el Partido Popular, ahora es Izquierda Unida LV-CA quien denuncia “la desvergüenza del equipo de gobierno del PSOE, al auto calificar como de absoluta transparencia la gestión municipal del mandato que ahora termina”, aseguran.

El partido que encabeza Francisco David Anguita explica que creen «que la gestión del PSOE en el Ayuntamiento en el presente mandato no ha sido ni transparente, ni participativa, ni mucho menos socialista o de izquierdas, ya que, como hemos denunciado en anteriores comunicados, la transparencia brilla por su ausencia y se ha hecho un el uso electoralista de la institución” y añade que “puesto que la ejecución de programas como los de contratación, de la Junta de Andalucía en 2014, han sido demorados hasta entrado el mes de enero 2015, mientras que el anterior programa dejó a 95 personas sin trabajar, a pesar de haber sido seleccionadas estas personas”.

De igual forma, desde IU denuncian el uso «electoral y caciquil que hace del empleo precario el equipo de gobierno municipal, al repartirlo de forma clientelar». Asimismo, recuerdan que la alcaldesa “es alumna aventajada de Rajoy, ya que fue la primera regidora que aplicó la reforma laboral a los trabajadores del Ayuntamiento, aplicando a los convenios la ultra actividad, a pesar de haberlo rechazado el Pleno municipal celebrado en el mes de abril de 2012, días antes de la huelga general del 29M».

En otro orden de cosas denuncian cómo desde el ayuntamiento bailenense, a través de sanciones económicas a ciudadanos y activistas, ha llevado una «política represiva por el hecho de manifestarse pacíficamente».

Finalizan pidiendo a los vecinos de la localidad que castiguen a partidos como el PSOE, que, según la federación de izquierdas “llevan 27 años, casi ininterrumpidos, practicando métodos autoritarios que llevan a la corrupción más casposa y al clientelismo político y reprimiendo cualquier movilización dirigida a denunciar, pacíficamente, estos hechos” a la vez que pide la apuesta por “opciones que plantean políticas justas, transparentes y que defienden el carácter público de los servicios municipales y la participación social”.